sábado, 6 de diciembre de 2008

Matanza de animales en "protectora" daña fe pública en mantención de albergues de mascotas

Agrupaciones pro-defensa animal explican que la desconfianza disminuirá los aportes en dinero de la gente.

Si la imagen de medio centenar de perros y gatos inertes en el patio de la Sociedad Protectora de Animales Benjamín Vicuña Mackenna de Santiago conmocionó a la opinión pública el miércoles pasado, la cifra de 2.600 animales muertos al año que se entregó durante la formalización de los responsables de la institución dejó pasmados a quienes acudieron al tribunal.

La matanza descubierta al interior de la Sociedad Protectora no sólo causó indignación en diversas entidades ciudadanas, sino que también provocó un fuerte daño a la fe pública por parte de quienes aportan para que justamente los animales tengan un lugar donde puedan ser cobijados y cuidados.

Además, alertó sobre la falta de fiscalización de las autoridades sanitarias y municipales a este tipo de instituciones benefactoras de animales, muchas de las cuales operan sin control y con fines completamente alejados de su origen.

Carlos Pavletic, jefe de la Unidad de Zoonosis del Ministerio de Salud, señaló que la cartera "no tiene tuición ni una política sobre perros vagos. Nosotros tenemos un reglamento, que es el reglamento de control de rabia".

"Esa es una función que necesariamente le corresponde a toda la sociedad en su conjunto y para eso tiene que haber una ley", concluyó Pavletic .

La Sociedad Protectora de Animales, creada en 1876 y constituida legalmente en 1915, funciona en la actualidad con un directorio presidido por Luis Navarro, el mismo que ayer negó todos los cargos de maltrato animal y que quedó con medidas cautelares (ver nota aparte).

Como la más antigua del país en su tipo, da cabida a mascotas y a algunos de los 22 mil perros vagos de Santiago. Se financia mediante cuotas de los socios, donaciones, atenciones en la clínica y el "cuidado" en el canil. Pero su mal funcionamiento quedó en evidencia al ingresar la policía al recinto.

Inés Silva, ex clienta, describió un procedimiento que refleja el real objetivo de la institución : "Hace dos años llevé a 'Bobby' porque lo atropellaron. Me cobraban $70 mil por una eutanasia porque el hombre que me atendió, que no era veterinario, dijo que no tenía salvación. No me pareció, y lo llevé a la U. de Chile. Allá se sanó".

Credibilidad al suelo

El vicepresidente del Colegio Médico Veterinario de Chile, Fernando Álvarez, asegura que "con este hecho hubo un duro golpe a la credibilidad (de las protectoras). La gente deploró en los tribunales la libertad vigilada de los procesados y reclama porque se sienten estafados. La fe pública está en aprietos".

Álvarez criticó al Ministerio de Salud. "La capacidad de fiscalización es bastante débil, porque la necesidad de fiscalización humana es mucho mayor".

La directora ejecutiva de Coalición para el Control Ético de la Fauna Urbana (CEFU), Alejandra Cassino, afirmó que "no hay que estigmatizarlas a todas, la mayoría fue creada como refugios, pero ahora falta voluntad de la autoridad para buscar una solución en serio".

El senador Guido Girardi acusó al Ministerio Secretaría General de la Presidencia de entrabar la tramitación del proyecto de ley que vela por la protección de los animales en Chile.

Ayer, Proanimal y CEFU presentaron querellas por estafa y maltrato animal contra quienes resulten responsables.

"La confianza de la gente se derrumba por lo sucedido"

"Llevo más de 10 años albergando perritos, con un costo de unos 700 mil pesos mensuales, gracias a los aportes de las socias. ¿Quién nos va a ayudar ahora cuando aparecen casos terribles de matanza de animales como el de la Sociedad Protectora?".

Así lo expresó Juanita Lizana la presidenta de la Agrupación Prodefensa de los Animales -una de las 60 entidades que atienden animales en Santiago- que cuida unos 100 perros en un albergue en Colina y que ahora se ve afectada negativamente por su mantención. "Estoy impactada por lo sucedido porque se trata de la protectora más prestigiosa del país que al final se encargaba de sacrificar animales. La confianza de la gente se derrumba por esto. Yo sabía que don Luis (Navarro) hacía negocios, cobraba con fines de lucro. Había un doble estándar, porque la imagen que daba hacia afuera no se condecía con la crueldad que había adentro. Yo le mandé informes a la Presidenta Bachelet", dijo.

Indicó que estaba al tanto de la crueldad contra los animales de la "Protectora" de calle Libertad y efectuó innumerables denuncias y reclamos ante el ex Sesma y el municipio, "pero me pedían pruebas y hasta ahí no más llegaba. Me cansé de denunciar, porque no me escucharon".

Mary Rose Mac Gill ve tareas para municipios y el Gobierno

Como un daño y una vergüenza para el país consideró Mary Rose Mac Gill lo ocurrido, precisamente por lo emblemático del nombre de la institución involucrada. Mac Gill ha sido gran promotora del cuidado de los perros abandonados. Según relató, este fin de semana, en una actividad en Vitacura, se logró dar un hogar a veinte perros, en perfecto estado.

Tras lo ocurrido, ve tareas para las municipalidades y para el Gobierno, donde los énfasis debieran estar puestos en la esterilización y en campañas sanitarias de tenencia responsable. Asimismo, dijo que debería habilitarse caniles en buenas condiciones, para lo cual habría muchos veterinarios jóvenes dispuestos.

Sobre la Sociedad Protectora, dijo que no le constaba si el lugar antiguamente era tan funesto, pero que en los últimos años sí se sabía que la situación no era buena. "No estaban preparados para acoger. Mataban a los perros, que era más cómodo, y recibían la plata".

Abandono y falta de caniles en regiones

En Valparaíso se calcula que por cada cinco habitantes hay un perro callejero. Es decir, hay por lo menos 15 mil perros vagos. La Sociedad Protectora de Animales "Carlos Puelma Besa", en el cerro Merced, es el único canil de la ciudad y ha enfrentado sumarios por problemas ambientales y de ruidos. Alberga a 500 perros y 180 gatos, los que serán trasladados a Laguna Verde.

Según cálculos del municipio y del Servicio de Salud, hay 20 mil perros vagos en Antofagasta. Pese a ello, la ciudad no cuenta con una perrera, y las autoridades hasta ahora no han destinado fondos para solucionar el problema. La Corporación para la Protección y Bienestar de los Animales (Coproba) es la única entidad -sin fines de lucro- que funciona hace ocho años, luego de una masiva matanza de perros con estricnina.

La nueva alcaldesa, Marcela Hernando, pretende construir una perrera en el sector La Chimba, al norte de la ciudad, con una inversión superior a los $100 millones.

Los municipios de Concepción y Talcahuano desarrollan un amplio programa de control de perros vagos, como también de apoyo para quienes tienen mascotas, especialmente en los sectores modestos. Se estima que entre ambas ciudades hay 5.000 perros vagos.

Uno de los problemas endémicos de Punta Arenas es la proliferación de perros callejeros, estimándose que hay tres mil canes abandonados. El alcalde electo, Vladimiro Mimica (independiente), proyecta habilitar un canil en la periferia de la ciudad.

Otros casos de vulneración de la credibilidad

Otras instituciones de beneficencia también han atentado brutalmente contra la confianza y fe pública, tal como ocurre con el caso de maltrato animal detectado en la protectora de calle Libertad.

En 2007, el Ministerio Público investigó un presunto fraude en la Corporación del Niño Agredido por labores que no se hicieron y que involucraban montos por $2.000 millones.

También hubo desvío de fondos en organismos relacionados, como la Corporación Oro Viejo.

El Ministerio de Justicia no detectó en 15 años los balances irregulares que enviaba la institución benéfica. Ello, porque la unidad de fiscalización del ministerio sólo tiene cuatro profesionales para revisar 23 mil organizaciones con personalidad jurídica.

El principal imputado en el caso era el fundador, Jorge Gautier Leyton.

En la oportunidad, el capellán del Hogar de Cristo, Agustín Moreira, aseguró que "esto mina la confianza de las personas y eso es delicado".

Sin embargo, el sacerdote calificó como positiva la denuncia de irregularidades, porque eso obliga a mejorar.

Una situación similar se vivió en el Patronato Nacional de la Infancia. En 2006, el ex director del organismo, José María Balmaceda, fue procesado por estafa. El directivo fue imputado de beneficiarse con fondos del Patronato que eran desviados a través de la fundación Carolina Freire. En total, los montos ascendían a $12.500.000.

Balmaceda firmó un finiquito de contrato con la fundación Carolina Freire. Sin embargo, ese mismo día fue firmado un contrato a honorarios también a favor de Balmaceda, pactándose un sueldo de casi $900 mil. Ello, pese a que la fundación no registraba actividades desde abril del año 2002.

Balmaceda también fue procesado por el delito de apropiación indebida, que habría ocasionado un perjuicio por $343 millones.

También la fundación Make a Wish fue cuestionada cuando apareció con dos directorios, uno de ellos no reconocido por el organismo internacional.

Fuente: http://diario.elmercurio.com/2008/12/05/nacional/nacional/noticias/DA5EC478-4243-42A3-BA77-E9879C8D4920.htm?id={DA5EC478-4243-42A3-BA77-E9879C8D4920}
Fecha: 05.12.08

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